Salt Lake City, UT — El escrutinio público se intensifica en Utah tras revelaciones de que un familiar del presidente del Senado estatal, J. Stuart Adams, evitó la cárcel y el registro como delincuente sexual después de declararse culpable en un caso que involucraba a una víctima de 13 años —coincidiendo con un cambio legislativo que redujo las penas para delitos similares.
El acusado, de 18 años y familiar del presidente Adams, enfrentaba originalmente un posible cargo de violación infantil —un delito grave de primer grado castigado con una condena de entre seis años a cadena perpetua y la obligación de registrarse como delincuente sexual. Sin embargo, tras declararse culpable de cargos reducidos, no recibió más tiempo de cárcel que una semana inicial y se le eximió del registro—circunstancias que los fiscales atribuyeron a un importante cambio legislativo aprobado en 2024.
Antecedentes del Proyecto de Ley SB213
El Proyecto de Ley del Senado 213, patrocinado por el líder de la mayoría republicana, Kirk Cullimore, fue firmado como ley en marzo de 2024. Permite que estudiantes de secundaria de 18 años enfrenten cargos de delito grave de tercer grado —en lugar de cargos por violación de primer grado— por relaciones sexuales consensuadas con menores, bajo ciertas condiciones, alineándose con excepciones ya existentes para jóvenes de 17 años.
La ley establece explícitamente que no se aplica de forma retroactiva. Sin embargo, durante los procedimientos judiciales, tanto fiscales como defensores reconocieron que la existencia de esta nueva legislación influyó significativamente en el acuerdo de culpabilidad.
Acusaciones de Influencia Política
The Salt Lake Tribune informó que el presidente Adams confió en privado a legisladores que la ley relacionada con el caso de su familiar debía revisarse. El patrocinador del proyecto, el senador Cullimore, declaró posteriormente que Adams había solicitado que se considerara ese caso durante el proceso legislativo. Adams, sin embargo, negó haber ejercido influencia.
“Algunos han sugerido que este cambio se hizo para beneficiar el caso del que se me informó, que involucraba a un estudiante de último año de secundaria. Eso simplemente no es cierto”, dijo Adams a The Salt Lake Tribune. “No pedí la legislación ni intervine o di aportes en la redacción del proyecto de ley.”
Los críticos, incluida la madre de la víctima, han denunciado un trato preferencial, señalando la conexión política de alto perfil y el momento en que se produjo el cambio legislativo.
“Siento que la ley es la ley, sin importar quién seas,” dijo la madre al Tribune. “Pero eso no fue lo que ocurrió aquí. Siento que [el joven de 18 años] recibió un trato especial… y nadie iba a decir nada al respecto.”
Llamados a la Transparencia y la Rendición de Cuentas
El caso ha generado preocupación bipartidista sobre la ética legislativa, la independencia judicial y la protección de las víctimas.
Organizaciones defensoras y expertos legales están pidiendo una revisión independiente de las circunstancias que rodearon la aprobación del SB213, así como del uso de la discreción fiscal en casos que involucren a acusados con conexiones políticas.
“Esto se trata de la confianza pública,” afirmó Laura McKenzie, directora de políticas de Utah Justice Advocates. “Cuando nuevas leyes parecen beneficiar convenientemente a familiares de altos funcionarios —aunque sea indirectamente— se erosiona la fe en el estado de derecho.”
Qué Sigue
El SB213 permanece vigente y regirá los futuros casos que involucren a adolescentes acusados de delitos sexuales. Sin embargo, crece la presión pública para que los legisladores revisen el alcance y la implementación de la ley, especialmente a la luz de este caso.