Maribel Hastings/Asesora de America’s Voice
Para J.D. Vance, el candidato republicano a la vicepresidencia, los inmigrantes con TPS o parole, son “ilegales” que también serían removidos del país bajo el plan de deportaciones masivas que Donald Trump quiere implementar, si es electo a un segundo mandato el 5 de noviembre.
Además de acusar falsamente a los inmigrantes haitianos de comerse las mascotas de los residentes de Springfield, Ohio, Vance los cataloga de “ilegales”, aunque estén amparados por estos programas.
Tras un discurso en Raleigh, Carolina del Norte, Vance también desechó que las deportaciones masivas perjudiquen la economía porque los indocumentados laboran en industrias clave como la agricultura y la construcción.
“Si hablas con los agricultores, los agricultores están tan molestos por las fronteras abiertas como casi cualquier otra persona. Así que creo que los agricultores, y desde luego yo rechazo la idea de que la única forma de tener una economía agrícola productiva sea permitir la entrada en este país de 25 millones de extranjeros legales, no tiene suficiente sentido”, dijo Vance.
Lo que no tiene sentido es su respuesta pues parece desconocer que los agricultores apoyan una reforma migratoria que les permita aliviar la escasez de mano de obra disminuyendo los costos de producción, lo que a su vez reduce los precios de los alimentos. O que esos indocumentados ya laboran en los campos agrícolas y los estadounidenses no quieren esos trabajos como probó la campaña “Take Our Jobs” del Sindicato de Trabajadores Agrícolas (UFW). O que el sistema de visas de trabajadores agrícolas temporales necesita una urgente transformación.
Tampoco reconoce el efecto devastador que tendría sobre la economía del país la deportación de 5% de la fuerza laboral de Estados Unidos, el porcentaje de trabajadores que son indocumentados. Un 22% de todos los trabajadores agrícolas, 15% de los trabajadores de la construcción y 8% de los trabajadores de la industria manufacturera.
El 12 de mayo de 2008 hubo una redada masiva en una empacadora de carne, Agriprocessors, en Postville, Iowa, bajo la presidencia de George W. Bush. Unos 400 trabajadores fueron detenidos.
Casi 300 fueron acusados de robo de identidad agravado para forzarlos a declararse culpables de delitos menores y agilizar su deportación. Muchos de los deportados se llevaron consigo a sus hijos ciudadanos estadounidenses.
America’s Voice visitó Postville en 2009, al cumplirse un año de la redada, y el pueblo, que gracias a la presencia y el trabajo de los inmigrantes, había cobrado vida, todavía lidiaba con las secuelas a nivel humanitario y económico.
Agriprocessors, principal fuente de empleos de Postville, perdió una tercera parte de su fuerza laboral y se declaró en bancarrota. La empresa era investigada a nivel federal por varias violaciones laborales.
Al faltar residentes con la capacidad de comprar, los negocios pierden clientes y terminan cerrando. Una residente nos dijo entonces que al año de la redada, “había cerrado un restaurante y una panadería guatemaltecos, y una tienda de ropa y un restaurante mexicanos”.
En 2018, bajo la presidencia de Trump, hubo otra redada en Tennessee, en una planta procesadora de carne, donde 100 empleados fueron detenidos. ICE fue demandado por emplear perfiles raciales, entre otras cosas, porque se centraron únicamente en los empleados latinos. Como en Postville, hubo caos, niños ciudadanos varados en las escuelas, familias separadas, la economía afectada.
Y en 2019 se realizó otra redada en Mississippi, en la cual 680 trabajadores fueron detenidos, repitiéndose el mismo patrón de niños ciudadanos separados de sus padres indocumentados, la economía familiar destrozada y en consecuencia la economía de la comunidad y del estado porque son consumidores que dejan de comprar y de pagar impuestos.
Un análisis del Center for Migration Studies de agosto de este año concluye que “los sucesos de Jackson demuestran que las detenciones y deportaciones masivas repercuten en las comunidades estadounidenses con beneficios mínimos. Replicar un acontecimiento de este tipo en múltiples ciudades de todo el país puede satisfacer ciertos puntos de vista, pero hay consideraciones económicas y humanitarias que deberían acompañar a esos puntos”.
Agrega que las experiencias previas con deportaciones masivas deberían frenar los intentos de realizarlo a gran escala. “Los costos serían exorbitantes. Dejaría grandes franjas de comunidades estadounidenses diezmadas. Las economías locales y nacionales sufrirían un duro golpe. Se separarían familias y seres queridos…Hay que abordar la inmigración y respetar el estado de derecho. Pero las soluciones también deben ser prácticas”.
Si tan solo hubiese una manera de unir la oferta con la demanda laboral de forma regular, ordenada, donde ambas partes se beneficien y sea un proceso libre de drama y en los casos más extremos, libre de muerte. Lo hay. Se llama reforma migratoria legislativa pero la politiquería, la demagogia, el extremismo y el racismo impiden que se haga realidad.