Por Andrés Oppenheimer
La política del presidente Trump de separar a un creciente número de padres indocumentados de sus hijos es tan cruel -e innecesaria- que debería ser denunciada ante las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos. Así de grave es la cosa.
Hasta algunos activistas del Partido Republicano de Trump están sugiriendo una investigación internacional sobre esta horrible práctica de separaciones familiares.
Al Cárdenas, ex presidente de la Unión Conservadora Americana y ex líder del Partido Republicano de la Florida, tuiteó esta semana que “quizás sea triste que tengamos que recurrir a las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos” para investigar “nuestra política tercermundista de separar por la fuerza a los niños de sus padres”. Agregó que “es increíble que esto esté sucediendo en Estados Unidos”.
Para ser justos, no es la primera vez que los padres indocumentados son separados de sus hijos en la frontera de Estados Unidos. El gobierno de Obama y sus predecesores también lo hicieron, y en grandes cantidades.
Pero la diferencia es que, esta vez, el gobierno de Estados Unidos piensa llevarlas a cabo en una escala mucho mayor, como arma para desalentar la inmigración ilegal. Unos 658 niños inmigrantes ya fueron separados de sus padres en un lapso de 13 días en mayo, según dijo un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional.
El Fiscal General, Jeff Sessions, anunció recientemente una política de “tolerancia cero” para los inmigrantes indocumentados. Eso significa que muchos más de ellos serán enviados directamente a la cárcel, y separados de sus hijos, en lugar de que se les permita a quienes no tienen antecedentes penales quedar en libertad mientras esperan sus audiencias de deportación o resoluciones de asilo.
“Si cruzas la frontera ilegalmente, entonces te procesaremos. Es así de simple”, dijo Sessions en San Diego el 7 de mayo. “No queremos separar a las familias, pero no queremos que las familias vayan ilegalmente a la frontera e intenten ingresar a este país de manera inapropiada”.
Los grupos de defensa de los derechos de los migrantes dicen que esto es una violación flagrante de las leyes de asilo. La petición de asilo es un derecho legal que no puede ser criminalizado, afirman.
Lo que es peor, el gobierno de Trump está haciendo circular una propuesta por la que se permitirá que las agencias del gobierno investiguen a las familias que se ofrezcan para albergar a estos niños no acompañados.
Si la regla es aprobada, habrá menos gente dispuesta a albergar a estos niños, porque muchos de quienes se ofrecen como custodios son inmigrantes indocumentados, que van a temer ser deportados ellos mismos.
“La política de Obama no fue buena, pero ésta es mucho peor”, me dijo Cárdenas, el ex presidente del Partido Republicano de Florida.
En el fondo de este escándalo está el hecho de que Trump ha exagerado muchísimo -si no inventado- la existencia de una crisis migratoria. Como todos los demagogos populistas, necesita un enemigo para mantener a sus bases excitadas, y ha elegido a los inmigrantes mexicanos y centroamericanos como su blanco favorito.
Las cifras oficiales muestran que la inmigración ilegal ha estado disminuyendo durante años. El año pasado hubo 310,000 detenciones de inmigrantes indocumentados a lo largo de la frontera con México, frente a 876,000 en 2007 y 1.7 millones en 2000, según la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.
Y, al contrario de lo que dice Trump, tampoco es cierto que los indocumentados cometan más crímenes violentos que los nacidos en Estados Unidos.
Irónicamente, el presidente francés Emmanuel Macron recibió en su oficina días atrás a un inmigrante africano que escaló un edificio de apartamentos para salvar a un niño colgando de un balcón, y le otorgó al extranjero la nacionalidad francesa.
Qué diferencia con Trump, que da la impresión que sólo se reúne con familiares de víctimas de inmigrantes indocumentados, y que ha afirmado falsamente que la mayoría de los inmigrantes mexicanos indocumentados son “delincuentes” y “violadores”.
Definitivamente, la separación forzosa de padres e hijos debe ser denunciada ante la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Va en contra del derecho internacional, y de la ley y la tradición de Estados Unidos.
