Ciudad de México, (EFE).- Después de ser arrestado, el extitular de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, llegó la mañana de este sábado al Reclusorio Norte de la capital mexicana, donde tendrá su primera audiencia ante un juez por su presunta participación en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Ayer, las autoridades judiciales mexicanas informaron que detuvieron a Murillo al mediodía en su domicilio en el sur de la capital mexicana por los probables delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia, en el caso “Ayotzinapa”.
Agentes de la FGR, acompañados con cuerpos de la Secretaría de Marina (Semar), realizaron su recorrido desde las instalaciones de la Fiscalía federal, en la colonia Tacubaya, hasta el penal preventivo varonil norte.
El exfuncionario durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) fue transportado en una camioneta color gris y escoltado por vehículos de las fuerzas armadas.
Su primera audiencia ante un juez mexicano está programada para las 9.00 horas de Ciudad de México, donde se definirá si su detención procede conforme a derecho.
Su aprehensión ocurre después de que la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, de la Secretaría de Gobernación (Segob), señaló que la desaparición de los 43 estudiantes mexicanos de Ayotzinapa, en 2014, fue un “crimen de Estado” en el que estuvieron involucrados autoridades de todos los niveles y no hay indicios de que estén vivos.
El 26 de septiembre de 2014, los estudiantes de la escuela para maestros rurales de Ayotzinapa desaparecieron cuando se dirigían a Ciudad de México para participar en una manifestación por el 2 de octubre, cuando hubo matanza de estudiantes en la plaza de las tres culturas, en Tlatelolco, en la capital de México.
Según la polémica versión del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), la llamada “verdad histórica”, policías corruptos detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cartel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el basurero de Cocula y tiró los restos en el río San Juan.
La Administración de López Obrador ha desmentido esa “verdad”, al coincidir con familiares y con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que señaló que los cuerpos no pudieron ser quemados en ese lugar.
De acuerdo con este último informe “existen elementos” para que las autoridades judiciales continúen indagatorias en contra de al menos 33 personas.
