Por Andrés Oppenheimer
LIMA — Cuando le pregunté al Premio Nobel Mario Vargas Llosa si teme que los peruanos elegirán un populista radical en las elecciones del 2021 como reacción a los recientes escándalos de corrupción que han sacudido a este país, el escritor sacudió la cabeza y dijo: “Yo creo que no”.
“Creo que Perú está vacunado contra eso”, me dijo Vargas Llosa durante una larga entrevista en Lima. “Pero hay una gran incertidumbre”, agregó.
Efectivamente, Vargas Llosa fue una de las pocas personas con las que hablé durante mi visita a Perú que es optimista sobre la continuidad de la estabilidad económica de casi tres décadas en este país.
Perú ha sido una de las economías de más rápido crecimiento de América Latina en las últimas dos décadas, y entre las que más han reducido la pobreza. A pesar de la reciente desaceleración económica, la tasa de pobreza de Perú ha bajado del 52 por ciento en 2005 a alrededor del 22 por ciento en la actualidad.
Pero el escándalo de corrupción de Odebrecht ha manchado a la clase política. Todos los ex presidentes peruanos vivientes están en la cárcel, arresto domiciliario o haciendo frente a graves cargos de corrupción. La mayoría de ellos han sido acusados de recibir sobornos de la gigantesca firma constructora brasileña.
El ex presidente de Perú, Alejandro Toledo (2001-2006) fue arrestado en California a principios de este mes. Otro ex presidente, Alan García (2006-2011) se suicidó en abril cuando estaba a punto de ser arrestado. El ex presidente Ollanta Humala (2011-2016) y el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) también están haciendo frente a acusaciones relacionadas con el caso Odebrecht.
Hay un gran debate en Perú sobre si los fiscales peruanos son héroes, o si están abusando de sus funciones. La mayoría de los ex presidentes que están en prisión o bajo arresto domiciliario no han sido sentenciados, sino que fueron arrestados bajo una ley que permite la prisión preventiva para que los acusados no se fuguen del país.
Los partidarios de la prisión preventiva de los ex presidentes dicen que los jueces peruanos son notoriamente corruptos, y que los acusados podrían comprar un juez y huir del país si fueran liberados bajo fianza.
Puede que así sea. Pero uno de los resultados colaterales de la cruzada anticorrupción de Perú ha sido una percepción creciente, e injusta, de que todos los políticos tradicionales son irremediablemente corruptos.
Eso es un terreno fértil para que cualquier charlatán populista con un discurso anticorrupción pueda ganar las elecciones presidenciales de 2021. Así fue como Hugo Chávez ganó su primera elección en Venezuela, y como el presidente Donald Trump ganó las elecciones de 2016 con sus promesas de “Drenar el pantano”.
La ironía es que en la mayoría de los casos –incluido Trump– los populistas que prometen erradicar la corrupción terminan presidiendo gobiernos mucho más corruptos. Erosionan las instituciones democráticas, debilitan el sistema de controles y equilibrios y tratan de silenciar a la prensa, lo que a su vez permite que la corrupción se propague más que nunca.
Irónicamente, mientras que Perú es el país latinoamericano que tiene más ex presidentes y líderes opositores presos por el caso Odebrecht, Perú recibió mucho menos sobornos de Odebrecht que Venezuela, donde ninguna figura importante de la dictadura del presidente Nicolás Maduro ha sido encarcelada.
Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Odebrecht pagó $98 millones en sobornos al régimen venezolano entre 2006 y 2015, en comparación con los $29 millones en sobornos a funcionarios del gobierno en Perú durante el mismo período.
¿Cómo evitar que un demagogo populista gane en Perú? Pues recordando a la gente a diario que hay más corrupción en dictaduras represivas como la de Venezuela que en democracias ruidosas como la de Perú. En Venezuela, no hay fiscales independientes o una prensa libre para denunciar los sobornos.
Ojalá que Vargas Llosa tenga razón, y que los peruanos estén conscientes de esto cuando voten en 2021
