Para La Red Hispana
Estamos a 100 días en la cuenta regresiva para que estalle una crisis de proporciones inéditas.
El primero de mayo vence la extensión de la moratoria del pago de préstamos estudiantiles federales que beneficiaron a más de 40 millones de estudiantes, muchos de ellos de las minorías raciales y étnicas que fueron los primeros miembros de su familia en llegar a la universidad.
La extensión fue aprobada por la administración Biden a partir de una decisión que tomó la administración en 2020, en medio de la pandemia de COVID-19 y de la resultante crisis
económica, a fin de que millones de estudiantes tuvieran un respiro financiero y no tuvieran que pagar ni el principal de los intereses de sus deudas.
Las cifras son alarmantes. Un total de 43.2 millones de estudiantes y graduados tienen adeudos federales. Cada estudiante deudor tiene una factura por pagar promedio de $39,000 dólares y su costo mensual promedio es de alrededor de $400 dólares. Pero más de 2.6 millones de estudiantes deben más de $100,000 dólares. A la economía estadounidense esto le representa un pasivo de 1.75 millones de millones de dólares, de acuerdo con el sitio EducationData.org
Como es costumbre, las minorías étnicas tienen un peso desproporcionado en el tema de las deudas. Un estudio publicado el año pasado por Education Data Initiative (EDI) muestra que los
deudores de las minorías deben $25,000 más que los deudores blancos, que la tasa de morosidad era de 32% para los negros, 20% para latinos y sólo 13% para los blancos.
Por ello es absolutamente razonable que senadores demócratas hayan reiterado su llamado para que la administración del presidente Biden cancele por lo menos $50,000 de deuda de los
préstamos estudiantiles antes del final del año de aleatoria. Separadamente, más de 80 legisladores de la Cámara Baja y del Senado instaron a la administración Biden que publique el
memorando del Departamento de Educación que codifica la autoridad del gobierno federal para cancelar la deuda.
Lamentablemente el presidente Biden descartó la posibilidad de cancelar $50,000 de deuda. Lo hizo en una asamblea popular, pero durante su campaña sí ofreció cancelar hasta $10,000 de esas deudas, aunque tampoco parece que le haya dedicado suficiente capital político al tema en medio de la pandemia, de los problemas económicos y de la invasión de Rusia a Ucrania.
Pero en mi opinión se trata de un asunto que merece la atención presidencial, toda vez que el pago de estas deudas estudiantiles representa una carga onerosa para muchos estudiantes y
egresados que perdieron sus empleos o negocios durante la pandemia, y que a partir de unas cuantas semanas empezarán a recibir las facturas para el pago de sus adeudos.
Resolver esta crisis debe hacerse no sólo por razones morales y sociales, sino porque cancelarla podría aumentar el producto interno de los Estados Unidos en más de 600,000 millones de dólares en seis años, creando 1.5 millones de empleos y sacando de la pobreza a más de 5 millones de hogares, según las estimaciones de EDI.
No hacerlo es hipotecar el futuro de varias generaciones de estudiantes y perder una oportunidad histórica de encontrar una solución justa y equitativa que compense el costoso sistema de
educación superior de Estados Unidos, uno de los más elevados de los países ricos.