Por Andrés Oppenheimer
La aparente ejecución extrajudicial del oficial de policía rebelde Oscar Pérez por parte de la dictadura de Venezuela el 15 de enero podría tener una mayor repercusión de lo que muchos creen: será una poderosa evidencia para ayudar a abrir una investigación sobre el presidente Nicolás Maduro en la Corte Penal Internacional (CPI).
No es un dato menor, porque no hay nada que Maduro le tema más que a ser juzgado por la CPI. A diferencia de las comisiones de derechos humanos de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, la CPI puede procesar a individuos, incluidos a presidentes, en lugar de a estados. Si la CPI abre una investigación y encuentra culpable a Maduro, podría emitir una orden internacional para su arresto.
A juzgar por lo que escucho de expertos legales cercanos al caso, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro y otras organizaciones de peso, están cerca de presentar casos formales contra Venezuela en la CPI. La OEA podría hacerlo dentro de las próximas tres semanas.
Más importante aún, los 12 países latinoamericanos del Grupo de Lima, que ya condenaron el régimen de Maduro, podrían solicitar a la fiscal de la CPI que abra una investigación contra Maduro cuando sus cancilleres se reúnan en Chile el 23 de enero para hablar sobre Venezuela.
Según una regla poco conocida de la CPI, la fiscal de la Corte debe abrir una investigación preliminar sobre un país cuando los jueces de ese país no quieren o no pueden enjuiciar a los criminales, y otro país lo solicita. Esto significa que si el Grupo de Lima o uno de sus países miembros, solicita una investigación, la fiscal de la Corte tendría que actuar.
“Si la idea es frenar los abusos en Venezuela, el paso siguiente debería ser que cualquier país latinoamericano solicite una investigación preliminar por parte de la fiscal de la CPI”, dice José Miguel Vivanco, de la organización Human Rights Watch. “Hay abundantes evidencias de abusos masivos y sistemáticos”.
Al igual que solían hacer los dictadores de Argentina y Chile en la década de 1970, Maduro aduce que Pérez murió en un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad después de que supuestamente abrió fuego contra ellos. Pero, a diferencia de la década de 1970, hoy día hay iPhones que grabaron todo en video.
Los videos, algunos de los cuales fueron grabados por el propio Pérez y publicados en su Instagram durante el operativo militar, muestran a Pérez negociando con un enviado del gobierno y diciendo que había ofrecido rendirse. Más tarde, otro video muestra a Pérez con la cara ensangrentada, mientras se escuchan explosiones y disparos.
“Nosotros no estamos disparando y nos siguen atacando”, dice Pérez en el video. “Nos quieren matar!”.
Otro video filmado desde afuera y mostrado en CNN en Español muestra que las fuerzas del gobierno dispararon contra el escondite de Pérez con un lanzagranadas, causando una gran explosión. Parecía Kosovo, o cualquier otro país en guerra.
Pérez estaba siendo buscado por el régimen de Maduro desde junio, cuando lanzó granadas contra edificios del gobierno desde un helicóptero robado y leyó una proclama en que exigía el retorno de la democracia a Venezuela. El golpe mediático de Pérez no dejó muertos ni heridos.
En comparación, cuando el fallecido presidente Hugo Chávez encabezó su intentona golpista en 1992, su ataque dejó al menos 32 muertos y cientos de heridos. Tras dos años de prisión, Chávez recibió un perdón presidencial y fue liberado.
Para abrir una investigación formal sobre el régimen de Maduro, la fiscal de la CPI debe encontrar pruebas de crímenes contra la humanidad que sean generalizados y sistemáticos. Entre las pruebas citadas por expertos legales están los decretos de Maduro que ordenan la represión brutal de las protestas callejeras que dejaron más de 100 muertos el año pasado, más de 5,400 arrestos arbitrarios en los últimos doce meses y al menos 114 presos políticos, como el líder opositor Leopoldo López.
Ahora, los videos de la ejecución extrajudicial de Pérez después de haberse rendido deberían acelerar la decisión de la fiscalía de la Corte para iniciar una investigación contra Maduro. ¡No hay excusa para no hacerlo!
