Por qué las latinas y sus familias merecen conocer el verdadero costo de la
atención hospitalaria
Por Amy Hinojosa, Presidenta y Directora Ejecutiva de MANA, Una Organización
Nacional de Latinas, dedicada a fortalecer a las mujeres latinas mediante la
mentoría, la educación y la defensa de sus derechos.
Durante más de 50 años, MANA ha luchado para garantizar que las latinas tengan
todas las oportunidades de llevar vidas saludables, prósperas y seguras. Esa
misión trata de mucho más que la representación en el lugar de trabajo o el
liderazgo en nuestras comunidades. Se trata también de proteger el bienestar
económico de las familias que constituyen la columna vertebral de Estados
Unidos.
Hoy, una de las mayores amenazas a ese bienestar se esconde a plena vista: el
costo cada vez más alto de la atención hospitalaria.
Cada mes, las familias trabajadoras ven cómo aumentan las primas de su seguro
médico, los empleadores luchan por absorber los crecientes costos de atención
médica y los padres posponen las visitas al doctor por temor a lo que dirá la
factura. Mientras tanto, mientras las familias hispanas y latinas se ven obligadas
a tomar decisiones imposibles en la mesa de la cocina, muchos de los sistemas
hospitalarios sin fines de lucro más grandes de Estados Unidos registran
excedentes financieros extraordinarios, pagan a sus ejecutivos millones de
dólares y se niegan a proporcionar la transparencia que los pacientes merecen.
Los precios hospitalarios son el primer eslabón en la cadena de los costos de
atención médica, y la falta de transparencia al respecto no es sostenible ni
equitativa.
Los latinos representamos uno de los segmentos de más rápido crecimiento de la
fuerza laboral estadounidense. Somos empresarios, maestros, enfermeras,
obreros de la construcción, cuidadores, socorristas y dueños de pequeños
negocios. También es más probable que trabajemos para empleadores pequeños,
que son especialmente vulnerables al aumento de los costos del seguro médico.
Cuando los precios hospitalarios suben a puerta cerrada, todos pagamos. Las
aseguradoras trasladan esos costos a través de primas más altas, los empleadores
pagan más por ofrecer beneficios de salud, los trabajadores ven menos dinero en
sus cheques de pago y las familias enfrentan deducibles más altos y mayores
gastos de bolsillo.
El resultado es que la atención médica se vuelve menos accesible, no porque los
estadounidenses estén utilizando más servicios, sino porque están pagando más
por los mismos servicios.
Las normas federales de transparencia de precios tenían como propósito arrojar
luz sobre estos costos al exigir que los hospitales publiquen los precios
negociados y los pongan al alcance de los pacientes. Sin embargo, el
cumplimiento de la ley ha sido inconsistente y, con frecuencia, ha faltado una
verdadera rendición de cuentas. Los pacientes no pueden ser consumidores
informados si no conocen el precio hasta semanas después de recibir la atención.
Muchos de los hospitales que cobran los precios más altos no son corporaciones
con fines de lucro. Son instituciones sin fines de lucro que reciben importantes
ventajas fiscales porque se espera que sirvan a sus comunidades. Los
estadounidenses tienen todo el derecho de preguntar si esa misión pública se está
cumpliendo.
Según el Texas Health Market Review de 2025, tomando un solo estado como
ejemplo, los hospitales de la región de Dallas-Fort Worth registraron un ingreso
neto combinado de $5,362 millones de dólares el año pasado. En la región de
Houston, las redes hospitalarias casi duplicaron su rentabilidad respecto de 2024,
alcanzando $3,668 millones de dólares en ingresos netos. En la región de Austin,
los sistemas hospitalarios reportaron un ingreso neto combinado de $1,131
millones de dólares.
Eso no es ingreso – es ganancia – de lo que legalmente son organizaciones
benéficas sin fines de lucro. Los hospitales fuertes son esenciales para tener
comunidades sanas, pero cuando instituciones sin fines de lucro acumulan
cientos de millones de dólares en excedentes anuales mientras cobran precios
que hacen subir las primas de seguro, el público merece respuestas.
Para muchas familias latinas, la accesibilidad económica de la atención médica
no es un debate abstracto de políticas públicas. Es decidir entre surtir una receta
o posponer la atención preventiva. Es preocuparse porque una sola visita
imprevista al hospital podría descarrilar años de cuidadosa planificación
financiera. Es preguntarse si un hijo debe ser llevado a la sala de emergencia esta
noche, o si la factura se convertirá en otra carga que la familia no puede pagar.
Los costos de atención médica también agravan las desigualdades existentes. Las
familias hispanas continúan teniendo un patrimonio familiar mediano más bajo
que muchos otros grupos, lo que hace que los gastos médicos inesperados sean
especialmente disruptivos.
Los hospitales de Estados Unidos realizan un trabajo extraordinario todos los
días. Médicos, enfermeras, técnicos e innumerables profesionales de la salud
dedican sus vidas a atender a los pacientes en circunstancias difíciles. Esta
conversación no se trata de cuestionar su compromiso; se trata de preguntar si
los sistemas hospitalarios deberían operar con mayor transparencia y rendición
de cuentas, especialmente cuando reciben importantes subsidios públicos gracias
a su estatus sin fines de lucro.
Los pacientes deberían saber cuánto costará la atención antes de recibirla,
siempre que sea posible; los empleadores deberían entender qué impulsa los
aumentos de las primas; y los responsables de formular políticas deberían tener
acceso a información precisa sobre los precios. Las comunidades merecen saber
si los hospitales sin fines de lucro están ofreciendo suficiente beneficio público a
cambio de las ventajas fiscales que reciben. Estas son expectativas razonables.
MANA cree que la atención médica debe empoderar a las familias, no
empobrecerlas. Apoyamos una aplicación más estricta de los requisitos federales
de transparencia de precios hospitalarios para que los pacientes puedan
comparar precios y tomar decisiones informadas. Apoyamos una mayor
rendición de cuentas para los hospitales sin fines de lucro, que demuestren que
los beneficios de su estatus de exención de impuestos están regresando a las
comunidades a las que sirven. Apoyamos las políticas que fomentan la
competencia, mejoran la accesibilidad económica y protegen a las familias
trabajadoras de costos médicos innecesarios.
Y lo más importante: apoyamos un sistema de atención médica en el que la
transparencia sea la regla y no la excepción. Para los millones de familias
hispanas que se esfuerzan cada día por construir un futuro mejor, esa rendición
de cuentas está atrasada desde hace mucho tiempo.
Hospital Transparency Is a Matter of Social Justice:
Why Latinas and Their Families Deserve to Know the Real Cost of Hospital
Care
By Amy Hinojosa, President & CEO of MANA, A National Latina
Organization, focusing on strengthening Latina women through mentoring,
education, and advocacy.
For more than 50 years, MANA has fought to ensure that Latinas have every
opportunity to lead healthy, prosperous, and secure lives. That mission is about
more than representation in the workplace or leadership in our communities. It
is also about protecting the economic well-being of the families who form the
backbone of America.
Today, one of the greatest threats to that well-being is hiding in plain sight: the
soaring cost of hospital care.
Every month, working families watch their health insurance premiums climb,
employers struggle to absorb higher healthcare costs, and parents delay doctor’s
visits because they’re worried about what the bill will be. Meanwhile, as Hispanic
and Latino families are forced to make impossible choices around the kitchen
table, many of America’s largest nonprofit hospital systems are posting
extraordinary financial surpluses, paying executives millions of dollars, and
refusing to provide the transparency patients deserve.
Hospital prices are the first domino in the chain of healthcare costs, and the lack
of transparency around them is not sustainable and it is not equitable.
Latinos represent one of the fastest-growing segments of the American
workforce. We are entrepreneurs, teachers, nurses, construction workers,
caregivers, first responders, and small business owners. We are also more likely
than many other Americans to work for small employers, which are especially
vulnerable to rising health insurance costs.
When hospital prices rise behind closed doors, everyone pays. Insurers pass
those costs on through higher premiums, employers pay more to provide health
benefits, workers see less money in their paychecks, and families face higher
deductibles and larger out-of-pocket bills.
The result is that healthcare becomes less affordable, not because Americans are
using more care, but because they are paying more for the same services.
Federal price transparency rules were intended to shine a light on these costs by
requiring hospitals to publish negotiated prices and make them accessible to
patients. Compliance with the law, however, has been inconsistent, and
meaningful accountability has often been lacking. Patients cannot be informed
consumers if they cannot see the price until weeks after receiving care.
Many of the hospitals charging the highest prices are not for-profit corporations.
They are nonprofit institutions that receive substantial tax advantages because
they are expected to serve their communities. Americans have every right to ask
whether that public mission is being fulfilled.
According to the Texas Health Market Review for 2025, just to take one state for
an example, hospitals in the Dallas-Fort Worth region recorded a combined net
income of $5.362 billion last year. In the Houston Region, area hospital networks
nearly doubled their profitability from 2024, hitting $3.668 billion in net income.
In the Austin region, the hospital systems reported a combined net income of
$1.131 billion.
That’s not revenue, that’s profit, for what amount to non-profit charitable
organizations legally. Strong hospitals are essential to healthy communities, but
when nonprofit institutions accumulate hundreds of millions of dollars in annual
surpluses while charging prices that drive insurance premiums higher, the public
deserves answers.
For many Latino families, healthcare affordability is not an abstract policy
debate. It is deciding whether to refill a prescription or postpone preventive care.
It is worrying that one unexpected hospital visit could derail years of careful
financial planning. It is wondering whether a child should be taken to the
emergency room tonight, or whether the bill will become another burden the
family cannot afford.
Healthcare costs also compound existing disparities. Hispanic families continue
to have lower median household wealth than many other groups, making
unexpected medical expenses especially disruptive.
America’s hospitals perform extraordinary work every day. Physicians, nurses,
technicians, and countless healthcare professionals dedicate their lives to caring
for patients under difficult circumstances. This conversation is not about
questioning their commitment, it’s about asking whether hospital systems should
operate with greater transparency and accountability, especially when they
receive significant public subsidies through their nonprofit status.
Patients should know what care will cost before they receive it whenever
possible, employers should understand what drives premium increases, and
policymakers should have access to accurate pricing information. Communities
deserve to know whether nonprofit hospitals are delivering sufficient public
benefit in return for the tax advantages they receive. These are reasonable
expectations.
MANA believes healthcare should empower families, not impoverish them. We
support stronger enforcement of federal hospital price transparency
requirements so patients can compare prices and make informed decisions. We
support greater accountability for nonprofit hospitals to demonstrate that the
benefits of tax-exempt status are flowing back into the communities they serve.
We support policies that encourage competition, improve affordability, and
protect working families from unnecessary healthcare costs.
Most importantly, we support a healthcare system where transparency is the rule
rather than the exception. For the millions of Hispanic families working hard to
build better futures, that accountability is long overdue.