Para La Red Hispana
Sólo 4 presidentes en la historia de los Estados Unidos -Andrew Johnson, Richard Nixon, Bill Clinton y Donald Trump- han sido formalmente acusados como parte de un proceso de “impeachment”, un mecanismo ideado por los fundadores de este país para castigar a los servidores públicos bajo la sospecha de la comisión de un crimen.
Aunque decenas de funcionarios públicos, federales o estatales, han sido acusados o destituidos desde la fundación de los Estados Unidos, los casos que implican a los presidentes adquieren una dimensión histórica por tratarse del cargo más elevado de la nación.
El caso de Trump es quizás el más preocupante, toda vez que es el primero originado en la sospecha de que manipuló la seguridad nacional de los Estados Unidos —condicionando la ayuda a Ucrania— con fines personales —afectar a su rival político, el ex-vicepresidente Joe Biden.
Que Trump sostenga que el proceso en su contra es una farsa, y que la mayoría de los republicanos acepten adoptar el papel de coro presidencial, no anula la montaña de evidencia descubierta durante las audiencias sobre el afán de Trump y sus más cercanos colaboradores, incluido su abogado personal Rudolf Giuliani, de buscar lodo contra Biden y hacer todo en su poder para ocultar la verdad.
Que algunos demócratas actuaron por fines políticos no puede descartarse, pero tiendo a creer el argumento de que se vieron motivados a actuar contra Trump para conjurar el precedente de que sus sucesores en el cargo podrían haber interpretado una inacción legislativa como un cheque en blanco para torcer o violar la ley.
En todo caso estamos siendo testigos de una puesta en escena cuyo final conocemos por anticipado. Trump ser acusado por la Cámara de Representantes y su caso llegará al Senado, donde es virtualmente imposible que se conjunten 67 senadores para aprobar la destitución del presidente de los Estados Unidos.
La gran interrogante es cuál será el costo político que pagarán unos y otros como consecuencia del proceso. En 1998 Bill Clinton salió fortalecido del proceso de impeachment en su contra y los republicanos debilitados. Las evidencias de ese desenlace se notaron en las elecciones legislativas del 2000.
Por lo pronto, enhorabuena que los líderes legislativos demócratas dieron una muestra excepcional de madurez política y de altura con su decisión de llegar a un acuerdo con el presidente y con los republicanos para avanzar en la ratificación del nuevo Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá.
Si ratificar el TMEC es un triunfo para el presidente o uno para los demócratas no es lo importante. Lo relevante es que sea una victoria para Estados Unidos, México y Canadá. Si con ese rasero se guiara la conducta de toda la clase política, no hay duda de que viviríamos un presente muy diferente.
