WASHINGTON, D.C. – En una iniciativa anunciada esta semana, el Departamento de Justicia (DOJ) emitió una directiva interna para priorizar de forma agresiva los casos de desnaturalización —la revocación de la ciudadanía estadounidense adquirida por naturalización— con el objetivo de actuar con mayor rapidez y eficacia en casos que involucren ciertos crímenes y fraudes.
Según un memorando fechado el 11 de junio de 2025, el DOJ ha designado la desnaturalización como una de las cinco prioridades principales de la división de derechos civiles. El documento instruye a los fiscales a enfocarse en casos relacionados con delincuentes naturalizados que hayan cometido crímenes graves, como tráfico sexual, delitos financieros, violaciones a la seguridad nacional o estafas a programas federales (PPP, Medicare, Medicaid).
El memorando amplía los criterios para desnaturalizar, permitiendo ejercer discreción en casos que “representen suficiente importancia para ser perseguidos” . Al menos un caso ya se hizo efectivo: el 13 de junio, un veterano naturalizado nacido en Reino Unido, condenado por distribuir material de abuso infantil, fue despojado de su ciudadanía.
Los expertos legales han expresado serias preocupaciones sobre las implicaciones constitucionales de esta medida. Señalan que, al tramitarse como procedimiento civil, los acusados no tienen derecho a abogado designado, enfrentan un estándar de evidencia más bajo y procedimientos más expedientes, lo que podría vulnerar garantías del debido proceso protegidas por la 14ª Enmienda .
Organizaciones de defensa de inmigrantes han advertido que este enfoque puede generar un efecto escalofriante dentro de las comunidades naturalizadas, creando una sensación de ciudadanía “de segunda clase” y riesgo a la revocación por infracciones menores o errores pasados .
Los críticos han comparado la situación con las prácticas de desnaturalización durante la era McCarthy (décadas de 1940 y 1950), subrayando la importancia de salvaguardar los estándares constitucionales básicos en estos procesos.
Resumen de puntos clave:
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11 de junio de 2025: memorando interno priorizando desnaturalizaciones, con criterios ampliados.
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13 de junio de 2025: primer caso efectivo de revocación contra un ciudadano naturalizado.
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Procedimientos civiles sin representación legal gratuita y con menor estándar de prueba.
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Preocupaciones sobre el debido proceso y potencial creación de ciudadanos “de segunda clase”.