Washington, (EFE).- El Gobierno de Donald Trump afirmó este martes que no remitirá a un juez federal detalles sobre dos de los vuelos en los que el sábado se deportó a más de 200 venezolanos a El Salvador, al considerar que la Administración no vulneró la orden que ese mismo magistrado emitió para que se los devolviera a territorio estadounidense.
Pese a la orden del juez James Boasberg, del Distrito de Columbia, un total de tres vuelos aterrizaron en El Salvador y entregaron a unos 200 venezolanos -que el Gobierno de EE.UU. asegura que son miembros de la banda criminal Tren de Aragua- a las autoridades locales, que aceptaron encarcelarlos.
Para el operativo, Trump invocó la ley de Enemigos Extranjeros, una norma de 1798 que no se ha usado desde la Segunda Guerra Mundial y que permite la expulsión de personas sin ciudadanía estadounidense sin vista judicial previa.
El lunes Boasberg pidió al Departamento de Justicia que le remitiera hoy información sobre todo el operativo, incluyendo datos sobre dos vuelos que despegaron de suelo estadounidense antes de que el magistrado emitiera por escrito su orden a las 19:25 hora local del sábado.
“El Gobierno sostiene que no existe justificación para ordenar la presentación de información adicional, y que hacerlo sería inapropiado”, reza la documentación presentada hoy ante la corte por el mencionado departamento.
El escrito asegura que “incluso aceptando la versión de los hechos de los demandantes, no se violó la orden escrita del Tribunal (ya que los vuelos pertinentes abandonaron el espacio aéreo estadounidense, por lo que sus ocupantes fueron ‘retirados’ antes de que se emitiera la orden)” y a su vez argumenta que “las declaraciones orales previas del Tribunal (emitidas a las 18.47 hora del Este) no eran ejecutables de forma independiente como medidas cautelares”.
El Gobierno estadounidense concluye que al estar el proceso en fase de apelación (el lunes solicitó que se retirase a Boasberg de la causa alegando un “ejercicio inapropiado de competencias”) “no se debería exigir al Gobierno que revele información sensible relacionada con la seguridad nacional y las relaciones exteriores hasta que se resuelva dicha solicitud, especialmente dado que esta información no es relevante ni urgente”.
El Departamento de Justicia ha cuestionado que la orden de Boasberg en su forma verbal fuera vinculante y también que el juez tenga competencia sobre la política migratoria del Gobierno.
Uno de los abogados que representa a cinco de los venezolanos deportados a El Salvador ha advertido sobre la “crisis constitucional” que plantea el caso, mientras distintos miembros del Gobierno Trump insisten en condenar públicamente a los jueces que bloquean las medidas del Gobierno, cuestionando la separación de poderes en EE.UU.