Parte del “Gran y Hermoso Proyecto de Ley” ha desatado un debate a nivel nacional tras revelarse una disposición que introduciría un impuesto del 1% sobre las transferencias de dinero al extranjero, comúnmente conocidas como remesas. Esta medida está diseñada para dirigirse a personas no ciudadanas y se prevé que afectará significativamente a millones de trabajadores inmigrantes en los Estados Unidos que envían apoyo financiero a sus familias en el extranjero.
Los defensores del proyecto de ley promocionan el impuesto a las remesas como una herramienta para generar ingresos, con el fin de financiar iniciativas de infraestructura nacional y seguridad fronteriza. Sin embargo, organizaciones defensoras de los inmigrantes, economistas y agencias de desarrollo internacional han expresado su preocupación por el impacto desproporcionado que tendría sobre los inmigrantes de clase trabajadora, quienes dependen en gran medida de las remesas para sostener a sus seres queridos en países como México, Guatemala, El Salvador, Filipinas, India y Nigeria.
“Este impuesto está dirigido precisamente a las personas que contribuyen con miles de millones a la economía de EE. UU. mediante su arduo trabajo, mientras sostienen comunidades enteras en sus países de origen”, afirmó María Sánchez, directora de la Red por los Derechos de los Inmigrantes. “Un impuesto del 1% puede parecer pequeño, pero para alguien que envía $400 al mes, representa una carga real, especialmente cuando cada dólar cuenta”.
Solo en el año 2024, las remesas enviadas desde EE. UU. a otros países superaron los $74 mil millones, según datos del Banco Mundial. Un impuesto del 1% podría generar cientos de millones de dólares al año, pero los críticos argumentan que funciona como una penalización económica para los inmigrantes que apoyan a familias transnacionales.
La disposición sobre el impuesto a las remesas forma parte de un paquete legislativo más amplio que busca redefinir los sistemas migratorios y financieros. Se espera que el proyecto enfrente un examen minucioso en el Congreso, mientras grupos proinmigrantes, organizaciones de derechos civiles y actores internacionales solicitan enmiendas o la eliminación total de la cláusula sobre remesas.
“Es importante entender quién carga con el costo aquí”, declaró la doctora Leila Okafor, economista global. “Esto no es solo un tema fiscal interno: afecta a las economías familiares en decenas de países, muchos de los cuales ya enfrentan pobreza e inestabilidad”.
Las audiencias públicas y revisiones en comité están programadas para más adelante este mes.