Por Andrés Oppenheimer
La Organización de Estados Americanos (OEA) merece crédito por haber denunciado duramente a la dictadura de Venezuela, pero -inexplicablemente- ha sido sorprendentemente suave con el régimen de Nicaragua, cuya brutal represión de las protestas antigubernamentales ha dejado 127 muertos en las últimas semanas.
Para poner las cosas en contexto, el número de muertos en las recientes protestas de Nicaragua – un país de 6 millones de habitantes – sería el equivalente a 677 muertes en Venezuela, 2,688 en México y 6,900 en Estados Unidos. Según algunos estimados, en las últimas semanas han muerto más personas en las protestas de Nicaragua que en la frontera entre Israel y Gaza.
Y sin embargo, cuando el Secretario de Estado, Mike Pompeo, y los cancilleres de la mayoría de los países de América Latina y el Caribe se reunieron en Washington la semana pasada en la OEA, aprobaron una resolución condenando a Venezuela por sus fraudulentas elecciones del 20 de mayo y acordaron escalar las sanciones contra altos funcionarios venezolanos, pero no hicieron nada parecido en el caso de Nicaragua.
La OEA aprobó una declaración timorata redactada principalmente por los Estados Unidos y Nicaragua que no condenó el asesinato de manifestantes por el régimen del dictador nicaragüense Daniel Ortega, ni condenó las fraudulentas elecciones de Ortega en 2016.
La declaración de la OEA le pidió a Ortega que cumpla con las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA y lo llamó a “fortalecer las instituciones democráticas” en Nicaragua, pero no exigió elecciones anticipadas, como lo está exigiendo gran parte del pueblo nicaragüense.
¿Por qué ese doble estándar? Diplomáticos latinoamericanos me dicen que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quiere mantener líneas abiertas de comunicación con el régimen nicaragüense porque, a diferencia de Venezuela, Nicaragua ha permitido a los inspectores de derechos humanos de la OEA ingresar al país y ha prometido cumplir con sus recomendaciones de reformas electorales.
Pero los activistas de derechos humanos dicen que ese argumento no tiene sentido. Dicen que Ortega está jugando para ganar tiempo, como lo ha hecho varias veces en el pasado, para desactivar las protestas en las calles.
José Miguel Vivanco, del grupo Human Rights Watch, me dijo que “la OEA y la administración Trump perdieron una gran oportunidad de presionar al régimen de Ortega para que detenga sus graves violaciones a los derechos humanos”. Vivanco agregó que la declaración de la OEA debería haber advertido a Ortega y a su esposa, la poderosa vicepresidenta Rosario Murillo, que “si continúan en su rumbo actual, enfrentarán las mismas sanciones que Venezuela”.
Poco después de la reunión de la OEA, el gobierno de Trump anunció sanciones unilaterales contra un número no especificado de funcionarios nicaragüenses. Hubo especulaciones en círculos diplomáticos que los funcionarios estadounidenses se dieron cuenta después de que su apoyo activo a la declaración de la OEA sobre Nicaragua había sido un gran error y trataron de rectificarlo con las sanciones.
Pero el hecho es que la Administración Trump, la OEA y varios países latinoamericanos han sido demasiado blandos con el régimen nicaragüense.
Recuerden que en las elecciones de Nicaragua de 2016, Ortega usó el sistema judicial bajo su control para prohibir la participación del principal candidato opositor, se negó a permitir un tribunal electoral independiente y no permitió la presencia de observadores internacionales. La elección fue boicoteada por gran parte del país, y Ortega se proclamó a sí mismo como el ganador.
¿No es eso exactamente lo que pasó en las elecciones fraudulentas del 20 de mayo en Venezuela? Pues sí, fue exactamente lo mismo.
Y, sin embargo, la resolución de la OEA sobre Venezuela dice que el grupo regional no reconocerá los resultados de las elecciones del 20 de mayo en Venezuela, pero su declaración sobre Nicaragua no condena explícitamente las fraudulentas elecciones de 2016 en el país centroamericano.
La OEA debería haber exigido elecciones anticipadas en Nicaragua, como lo están exigiendo la mayoría de los nicaragüenses, con un tribunal electoral independiente y observadores internacionales creíbles.
Está muy bien que los países estén aumentando las presiones diplomáticas para lograr la restauración de la democracia en Venezuela. ¡Es hora de hacer lo mismo con Nicaragua!
