La madrugada del 9 de junio de 2025, el gobierno de Estados Unidos activó una de sus medidas más controvertidas en materia migratoria: un veto que restringe la entrada de ciudadanos de una docena de países, en su mayoría africanos y de mayoría musulmana. Aunque la Casa Blanca defiende la acción como una cuestión de seguridad nacional, su implementación ha coincidido con una ola de protestas masivas en Los Ángeles, donde miles de personas han salido a las calles para rechazar tanto esta política como el endurecimiento generalizado de las medidas contra los migrantes. La convergencia de estas dos realidades plantea una interrogante fundamental: ¿en qué momento la seguridad nacional se convierte en excusa para justificar la exclusión sistemática?
El veto migratorio afecta a países como Irán, Somalia, Yemen, Libia, entre otros. Si bien el discurso oficial asegura que la medida busca “prevenir amenazas terroristas”, organizaciones internacionales y activistas han denunciado su carácter discriminatorio, señalando que se trata de una decisión basada más en prejuicios raciales y religiosos que en datos objetivos. Es una política que continúa la línea del primer “travel ban” implementado en 2017, pero con un alcance más amplio y un impacto más agresivo en el presente contexto global.
En Los Ángeles, una ciudad con una de las comunidades migrantes más grandes y diversas del país, las protestas no tardaron en surgir. Lo que comenzó como una manifestación pacífica en defensa de los derechos de los inmigrantes pronto se transformó en un conflicto abierto con las autoridades. Las imágenes de policías lanzando gases lacrimógenos, disparando balas de goma y arrestando manifestantes recorrieron el mundo y alimentaron la indignación internacional. La declaración del centro de la ciudad como “unlawful assembly” permitió a las fuerzas del orden actuar con dureza, pero dejó en evidencia una vez más el doble estándar legal que se aplica dependiendo de quién protesta y por qué.
La respuesta del estado de California también ha sido contundente. El gobernador Gavin Newsom denunció públicamente la presencia de la Guardia Nacional y anunció acciones legales contra la administración federal, argumentando que la militarización de las ciudades es una violación a los derechos constitucionales y a la autonomía estatal. Este conflicto entre gobiernos locales y federales ha puesto en primer plano la tensión institucional que atraviesa el país: mientras unos luchan por proteger comunidades vulnerables, otros insisten en criminalizarlas.
El veto migratorio y las protestas que ha provocado no son eventos aislados, sino parte de un patrón más amplio que define la política estadounidense contemporánea. La narrativa oficial que vincula inmigración con inseguridad ha calado hondo, justificando políticas cada vez más excluyentes. Sin embargo, las manifestaciones en Los Ángeles y en otras ciudades muestran que existe también un movimiento fuerte y organizado dispuesto a resistir y a defender los valores de inclusión y justicia.
En conclusión, lo que está en juego no es solo el derecho de entrada a Estados Unidos, sino el modelo de sociedad que el país quiere representar ante el mundo. ¿Será un modelo basado en el miedo, el rechazo y la vigilancia? ¿O podrá prevalecer una visión basada en la empatía, los derechos humanos y la diversidad? Las calles de Los Ángeles, hoy llenas de voces que claman por dignidad, son testigo de una lucha que definirá el rumbo moral de la nación en los años por venir.