Miami, (EFE).- Un grupo de veinte fiscales generales de EE.UU. interpuso este jueves una acción legal para mantener vigente el Título 42, el cual permite la deportación rápida de indocumentados y pudiera quedar sin efecto en mayo, para de esta forma evitar una supuesta “inmigración masiva en la frontera suroeste” del país.
Entre los fiscales generales que han firmado la acción judicial figura Ashley Moody, la procuradora de Florida, quien decidió unirse a esta acción legal tras el anuncio de la administración del presidente Joe Biden de dejar sin efecto a partir del 23 de mayo esta política migratoria en medio de “la peor crisis fronteriza del país en décadas”, según dijo Moody.
“Acabar con el Título 42 sería un desastre y aumentaría el caos en la frontera suroeste que facilita que los cárteles de la droga y los contrabandistas de personas avancen con sus prácticas ilícitas en nuestro país”, aseveró la procuradora de Florida en un comunicado difundido por su oficina.
Vigente desde marzo de 2020, cuando la impuso el entonces presidente Donald Trump (2017-2021), el Título 42 sirvió para deportar de forma expeditiva a los indocumentados en el marco de la pandemia de la covid-19.
Moody alertó sobre los peligros de la rescisión de esta medida en momentos en que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) calcula que “ya podrían haber 25.000 migrantes esperando en refugios al sur de la frontera” que la orden quede sin efecto para ingresar a EE.UU.
“Hay también proyecciones de que los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. podrían ver hasta 18.000 migrantes al día una vez que finalice la orden”, agregó la procuradora.
Además de Moody, han suscrito la acción legal ingresada en una corte de Luisiana los procuradores generales de Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, Georgia, Idaho, Kansas, Kentucky, Luisiana, Misisipi, Misuri, Montana, Nebraska, Ohio, Oklahoma, Carolina del Sur, Tennessee, Utah, West Virginia y Wyoming.
La decisión de la Administración de Joe Biden motivó que el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, respondiera con el envío a Washington de un autobús con una decena de indocumentados en su interior, detenidos en la frontera sur y que son solicitantes de asilo.
En un comunicado, Abbott, conocido por sus posturas ultraconservadoras y quien busca su reelección en las próximas elecciones de noviembre, afirmó el miércoles que los migrantes son originarios de Colombia, Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Medios locales reportaron que varios de los migrantes tienen intención de desplazarse desde Washington a otras ciudades del país, entre ellas Miami, para reunirse con familiares o conocidos.
La acción legal dada a conocer hoy se da una día después de que en una declaración al canal conservador Fox News el gobernador de Florida, Ron DeSantis, también republicano e igualmente aspirante a la reelección en noviembre, advirtiera a los indocumentados: “No vengan a Florida”.
“La vida no les será fácil porque estamos obligados a hacer cumplir las leyes de inmigración de este país, incluso si nuestro gobierno federal y otros estados no lo hacen”, manifestó el gobernador floridano, otro férreo opositor al presidente demócrata Biden.
“Florida no es un estado santuario y nuestros programas sociales están destinados a servir a los ciudadanos de nuestro estado”, remató el gobernador en la declaración enviada por su oficina al citado canal.
